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En la actual sociedad digital, "under construction"por el camino nos vamos encontrando nuevos retos. Los derechos digitales no pueden ser relegados a un segundo plano por más tiempo. En una sociedad donde la comunicación digital lo media todo y es ubicua, estos deben tener la misma relevancia que otros derechos.

El Ombudsman es el defensor del pueblo conocido por su palabra en sueco. Es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes, ante abusos que puedan cometer los mismos poderes políticos. Recientemente han surgido Ombudsman especializados en los derechos particulares como el de los niños o de organizaciones no gubernamentales como es el caso de Internet, donde ICANN dispone de su propio Ombudsman. Nosotros proponemos un Ombudsman dedicado a la defensa de los derechos digitales. Sería algo más amplio, pero también más concreto, que un Information Commisioner (dedicado a la libertad de información y la protección de los datos personales) del que disponen algunos países. Entre sus preocupaciones estaría, sin duda, la Data governance, que es la gestión de los datos de un organización, no sólo bajo los objetivos de esta, sino también desde el punto de vista de una responsabilidad social. Igualmente, su competencia sería también la mucho más amplia Digital governance, que se ocupa de identificar quien determina la estrategia digital y las políticas digitales de una organización  así como los estándares regulaciones digitales utilizadas.

Los poderes del Ombudsman digital deberían cubrir las siguientes áreas, donde ocurren la gran mayoría de abusos digitales:

  • Protección de datos: abusos en los términos y condiciones, en la falta de confidencialidad y seguridad de los datos
  • Neutralidad de la red: abusos en el privilegio de unos sites frente a otros por temas comerciales o políticos, la censura digital.
  • Neutralidad algortimica: los abusos en el big data y en el Internet de las cosas, para predeterminar decisiones que benefician al Estado a o grupos sociales determinados.
  • Responsabilidad digital: las políticas indiscriminadas de las organizaciones que no respetan los límites sociales de una digitalizaciión sana y ética, la sostenibilidad energética del ecosistema digital.
  • Brecha digital: las restricciones que hacen que el acceso a los recursos digitales se vea perjudicado por el nivel económico de los países o de determinados estratos sociales.
    • Derechos digitales: abusos en la libertad de información, el derecho de conexión, en la transparencia de la gobernanza digital.




    El Ombudsman digital se ocuparía de establecer una vigilancia sobre la gobernanza digital del Estado y de recibir las denuncias al respecto provenientes de  la sociedad. Un Gobierno avanzado, que se precie, en vez de intentar limitar y controlar Internet en su propio beneficio y en detrimento de la sociedad civil digital, debería convertirse en protector y garante de las libertades digitales.

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